Cómo la sociedad civil puede contrarrestar el aumento de las restricciones legales en América Latina

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Una nueva investigación realizada por Thomson Reuters Foundation ha revelado un patrón de restricciones hacia la sociedad civil en América Latina, reduciendo la capacidad de las organizaciones para financiarse y participar en la esfera pública.

El informe “Una generación de leyes que bloquean el espacio cívico en América Latina”, publicado por Thomson Reuters Foundation en colaboración con Fundamedios, identificó cuatro riesgos emergentes en diez países latinoamericanos, los cuales debilitan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, restringen su financiamiento y limitan su participación en los espacios públicos.

La regulación estatal de las organizaciones de la sociedad civil es un indicador crucial de la salud democrática, dado que estas entidades desempeñan un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos, la fiscalización del poder y el fomento de la participación ciudadana.

El informe demuestra que cuando el marco regulatorio se vuelve excesivamente controlador, punitivo o estigmatizante, el daño trasciende a las organizaciones individuales al debilitar el espacio cívico y erosionar un contrapeso esencial frente al poder del Estado.

Los principales riesgos regulatorios:

1. Acumulación de capas regulatorias

Como parte de una estrategia para monitorear intensamente a las organizaciones y sancionarlas por incumplimientos menores, los Estados han impuesto pesadas cargas administrativas que exceden la capacidad de las organizaciones pequeñas y medianas.

Los Estados someten a las organizaciones a múltiples normativas, incluidos regímenes de asociaciones, controles fiscales, obligaciones contra el lavado de dinero, registros de cooperación internacional y legislaciones sobre “agentes extranjeros”.

Por ejemplo, en mayo de 2025, el gobierno de El Salvador promulgó una Ley de Agentes Extranjeros que introdujo cargas legales y tributarias diseñadas contra organizaciones que dependen del financiamiento internacional. La ley establece un impuesto del 30% sobre las donaciones extranjeras y obliga a las organizaciones a incorporar en sus contenidos la leyenda “financiados por extranjeros.”. Para las salas de redacción pequeñas e independientes, esta ley ha afectado su planificación presupuestaria y su sostenibilidad, exponiendo a los periodistas a severas sanciones legales.

2. Sanciones administrativas sin un control judicial efectivo

En países como Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Ecuador, cualquier error o incumplimiento de las múltiples regulaciones desencadena sanciones desproporcionadas, tales como la cancelación o suspensión de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil. Estas sanciones funcionan como una forma de control y castigo, y ayudan a los gobiernos a hacer cumplir la carga administrativa creada deliberadamente para limitar los recursos de las organizaciones.

Además, debido a que se trata de sanciones administrativas y no penales, existe una mayor discrecionalidad en su aplicación por parte de los reguladores estatales. Las organizaciones deben someterse a mecanismos administrativos y luego judiciales para prevenirlas o apelarlas, lo que las vuelve aún más letales.

3. La seguridad pública como arma contra la sociedad civil

En respuesta al aumento del crimen organizado en la región, los Estados han promovido normativas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. No obstante, estas medidas también han servido como una herramienta para la vigilancia excesiva y el control sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, sus fuentes de financiamiento, donantes, beneficiarios y “la compatibilidad de su trabajo con conceptos tan abiertos como el orden público, la seguridad nacional y el interés social”, señala César Ricaurte, director de Fundamedios.

Para evitar la intervención de “agentes extranjeros”, los Estados también imponen obstáculos financieros y exigen una burocracia excesiva, lo que desgasta el funcionamiento de las organizaciones, intensifica las auditorías y genera graves consecuencias para su labor diaria.

4. Narrativas estigmatizantes

La mayoría de los gobiernos que aprueban leyes que obstaculizan la capacidad operativa de las organizaciones de la sociedad civil también han promovido narrativas que las retratan como “sospechosas”, “desestabilizadoras” o “contrarias a la moral pública”. Asimismo, difunden discursos negativos respecto a la cooperación internacional, advirtiendo sobre una potencial “injerencia extranjera” y perjudicando tanto a los países donantes como a los beneficiarios.

A nivel regional, estas narrativas han afectado principalmente a organizaciones que trabajan en derechos humanos, medio ambiente, justicia transicional y la lucha contra la corrupción.

En Guatemala, por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos han tenido que hacer frente a auditorías arbitrarias y campañas de desprestigio por parte de sectores conservadores, las cuales han servido para deslegitimar públicamente su trabajo.

Argentina como señal de alerta

En mayo, el presidente argentino Javier Milei presentó el Proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses con el objetivo de hacer más transparente el cabildeo corporativo y limitar su influencia sobre las decisiones gubernamentales. El proyecto de ley aún se encuentra en debate en el Congreso argentino.

De acuerdo con el análisis facilitado por la Fundación, el proyecto impone cargas administrativas innecesarias a las organizaciones de la sociedad civil que promueven derechos colectivos, al equiparar sus actividades con el cabildeo corporativo. La iniciativa crearía un registro obligatorio de lobistas, otorgando al gobierno la facultad de cancelar o suspender el registro de de las organizaciones que busquen involucrarse en acciones de participación pública.

El informe concluyó que, de ser aprobada, la legislación podría convertirse en una herramienta administrativa que sobrerregule, censure y desincentive la participación pública legítima y la incidencia de la sociedad civil.

El proyecto podría servir para legitimar normativas que restrinjan el espacio público en Argentina, lo que “disminuye la seguridad jurídica del país y tiene repercusiones en el financiamiento internacional”, afirmó María Candela Zunino, Senior Manager para LATAM en TrustLaw, la red global legal pro bono de la Thomson Reuters Foundation.

Contrarrestar las amenazas

En julio, la Thomson Reuters Foundation y SembraMedia organizaron el evento Sociedad civil bajo presión: Regulaciones restrictivas en América Latina para debatir con organizaciones y periodistas el alcance del proyecto de ley en Argentina.

A través del exhaustivo análisis técnico y legal facilitado por la Fundación, el cual proporcionó un panorama comparativo de los regímenes jurídicos de otros países, organizaciones y periodistas obtuvieron una comprensión más clara del alcance de la propuesta y lograron abordarla dentro del contexto de la tendencia regional que afecta a la sociedad civil.

Frente al avance de legislaciones que restringen el espacio cívico en Argentina, TrustLaw ha actuado como puente entre organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y periodistas, coordinando alianzas y fortaleciendo el debate.

En otros países que han intentado restringir el trabajo de la sociedad civil, TrustLaw ha asistido a organizaciones que han implementado acciones para:

Abrir sedes en otros países a fin de eludir los obstáculos administrativos, jurídicos y legales impuestos por los Estados y asegurar la continuación de sus operaciones.
Diseñar estrategias legales para contrarrestar proyectos de ley restrictivos y coordinar alianzas dentro de la sociedad civil para ejercer presión legislativa.
Contrarrestar las narrativas difundidas por grupos de cabildeo que impulsan la restricción del espacio público. Esto puede lograrse incentivando a las organizaciones a compartir sus análisis con los medios de comunicación y promoviendo espacios donde los actores puedan comprender las implicaciones de la legislación.

Acceda al informe “Una generación de leyes que bloquean el espacio cívico en América Latina”, publicado por la Thomson Reuters Foundation y Fundamedios.

Este análisis forma parte de la serie Insights de la Thomson Reuters Foundation. Manténgase al tanto de más recursos basados en datos de nuestra unidad de Insights and Innovation, la cual incuba nuevas ideas para las comunidades a las que servimos, con el objetivo de fortalecer sociedades libres, justas e informadas.  